El radicalismo no se resigna a que no se sepa con exactitud cuánto costó el moderno edificio que alberga a la Legislatura desde los últimos días de febrero. Por eso, el abogado y ex legislador por la UCR Juan Roberto Robles insistió con su planteo judicial para que se dilucide cómo se financió y ejecutó el inmueble de avenida Sarmiento y calle Muñecas.
A fines de 2011, el letrado interpuso una acción declarativa de certeza ante la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, con la finalidad de que la Justicia diga si resulta "arbitraria, irrazonable e inconstitucional la decisión oficial de ejecutar una obra sin ningún control por parte de los órganos competentes ni de los ciudadanos".
Mediante la acción declarativa -recayó en manos de la camarista Ebe López Piossek- el dirigente opositor reclamó que se haga cesar "el profundo estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o no del accionar del Poder Ejecutivo, al negarse a rendir cuentas sobre la fastuosa obra de la Legislatura". En su planteo, Robles recordó la sanción de la ley que dio origen a la obra y cuyo presupuesto aprobado por el Tribunal de Cuentas fue de unos $ 93 millones. Luego, desde la Cámara confiaron que costó casi $ 130 millones. "Una obra de la magnitud e importancia como la que analizamos, evidentemente, no pudo prescindir del procedimiento de la licitación pública y del conjunto de las normas positivas concordantes, habida cuenta que el apartamiento es excepcionalísimo cuando existen probadas razones. (Los legisladores) le han concedido al vicegobernador (Juan Manzur, ahora en uso de licencia) facultades extraordinarias, por lo que lleva consigo una nulidad insanable", advirtió el ex parlamentario.
En el marco de esa presentación, la camarista abrió el período de pruebas, y Robles solicitó que se libren oficios al Colegio de Martilleros para que informe el valor promedio del metro de construcción de mejor calidad en la provincia; a la Legislatura, a fin de que adjunte el expediente completo del trámite de aprobación de la obra; y al Tribunal de Cuentas, para que envíe copia de los acuerdos de aprobación administrativa. Paralelamente, el radical pide que un ingeniero civil perite la obra, que el presidente del Colegio de Arquitectos brinde su opinión técnica, y que el titular del Colegio de Abogados se refiera a los problemas de adjudicar una obra de esa magnitud sin un llamado licitatorio, entre otros planteos.